A partir del próximo ciclo escolar, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) aplicará una nueva disposición: quedará prohibido el uso del teléfono celular dentro de los salones de clase, tanto para estudiantes como para docentes. Así lo confirmó el director general del organismo, Leandro Vique Salazar, quien explicó que la medida busca evitar distracciones y fomentar un mejor ambiente de aprendizaje.
Aunque los alumnos podrán llevar consigo sus dispositivos móviles, solo se permitirá su uso en casos de emergencia. La medida pretende «garantizar la atención plena en las aulas», según Vique.
¿Buena intención o estrategia de control?
Si bien el objetivo declarado parece razonable —reducir distracciones—, la medida ha generado diversas lecturas entre padres de familia, docentes y analistas del sector educativo. En un contexto de creciente inseguridad en las inmediaciones de muchas escuelas, y donde padres mantienen contacto con sus hijos a través del celular por cuestiones de seguridad, limitar su uso puede generar preocupación.
Además, críticos señalan que en diversas ocasiones, tanto alumnos como maestros han usado sus celulares para documentar y denunciar malas condiciones en los planteles, carencias de infraestructura, violencia escolar o incluso actos de omisión por parte del propio IEBEM. Ante ello, surge la duda: ¿se trata realmente de proteger la concentración académica o de un intento por reducir la visibilidad de las deficiencias dentro del sistema educativo?
También preocupa que, lejos de ser una medida complementada con mayor inversión en infraestructura tecnológica o formación docente, esta prohibición se aplique sin atender los rezagos estructurales que aquejan a muchas escuelas: aulas deterioradas, falta de personal, materiales insuficientes y abandono institucional.
En conclusión
La restricción del uso del celular en las aulas puede tener beneficios si se aplica con criterios pedagógicos claros y en entornos escolares funcionales. No obstante, si se impone como una regla sin considerar el contexto social, la falta de seguridad o las carencias del sistema educativo, corre el riesgo de percibirse más como un mecanismo de control que como una solución real para mejorar la calidad educativa en Morelos.
