Cuernavaca, Mor., 20 de mayo de 2025
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Morelos informó que logró la vinculación a proceso del expresidente municipal de Tlalnepantla, Ángel “N”, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de trabajadores del Ayuntamiento, incluidos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde exigía pagos a los empleados municipales a cambio de conservar sus puestos. Incluso, desde su elección, habría solicitado dinero a personas a cambio de otorgarles empleo dentro del gobierno municipal.
La carpeta de investigación detalla que en noviembre de 2021, Ángel “N” organizó reuniones con colaboradores de campaña y personal de la administración, en las que presuntamente exigió pagos de hasta 5 mil pesos por parte de quienes buscaban un puesto en la Secretaría de Seguridad Pública. En una de esas reuniones, llevada a cabo el 5 de noviembre, el entonces alcalde electo, en compañía de Arlette “N” —entonces contadora del Ayuntamiento—, solicitó 3 mil pesos a elementos policiacos para garantizarles la permanencia en sus empleos.
Un día después, el 6 de noviembre, en otra reunión con aproximadamente 40 personas, solicitó 5 mil pesos a cada asistente, prometiéndoles ser dados de alta en la administración. La entrega del dinero, según testimonios, debía hacerse a través de su contadora.
En audiencia celebrada el pasado 19 de mayo en la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas documentales y testimonios de las víctimas, con lo cual la jueza resolvió vincular a proceso tanto a Ángel “N” como a Arlette “N”.
Como medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la firma periódica mensual de los imputados, la prohibición de salir del país, de acercarse a las víctimas o testigos, y de acudir a instalaciones del Ayuntamiento o de Seguridad Pública.
La Fiscalía recordó que, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.